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Fecha: 19 de Octubre del 2020
Pone sobre la mesa un paquete de 12 medidas para aumentar la competencia en trenes, gasolineras, medicamentos, electricidad, transporte de pasajeros, puertos, entre otros, para ayudar, dice, a una reactivación sostenible.
Con la finalidad de que el gobierno contrate bienes y servicios de manera oportuna y en las mejores condiciones de precio y calidad, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) propuso reformar la Ley de adquisiciones para maximizar la concurrencia y libre competencia en los procedimientos de compra pública.
La propuesta forma parte de un paquete de 12 medidas que, a juicio del órgano regulador, ayudarán a la recuperación de la economía y beneficiarán a los consumidores, e incluye la propuesta de reformar el artículo 105 de la Constitución para facultar a la COFECE para presentar acciones de inconstitucionalidad sobre normas generales que violenten los principios de competencia.
Agregó que el sentido de la reforma a la Ley de Adquisiciones sería acotar las causales de excepción a la licitación pública para que las adjudicaciones directas sean la excepción y no la regla, facilitar la realización de licitaciones internacionales en mercados con pocos compradores y establecer la colusión como causal de inhabilitación para participar en procedimientos de contratación pública y haga vinculante la opinión de la Cofece en licitaciones de “gran magnitud”.
El órgano regulador alertó sobre el riesgo de una mayor concentración en algunos mercados por efecto de la pandemia, dado que la caída de la producción afecta más a las pequeñas y medianas empresas, mientras que las de mayor capital tienen más posibilidades de mantenerse en el mercado.
Indicó por tanto que la recuperación solo será sostenible y beneficiará a los consumidores si se procura la concurrencia de los agentes económicos en los diversos mercados y que compitan por adaptarse a las necesidades, gustos y posibilidades de los consumidores, y no para ser favorecidos por la decisión de alguna autoridad, muchas veces de manera discrecional.
“Es relevante asegurar que las decisiones de política pública para la reactivación económica promuevan la participación del mayor número posible de empresas”, señaló la Comisión en un comunicado.
Entre las medidas propuestas está la creación de un buró público para ampliar el acceso al crédito a más personas y empresas pequeñas, agilizar la entrada al mercado de medicamentos genéricos, mediante una mayor transparencia con relación a la información de vigencia y vencimiento de patentes.
También sugirió propiciar la entrada de más empresas en los mercados estatales de gasolinas, gas LP y transporte de carga, mediante la emisión expedita de las directrices del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria.
Y modificar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para que la Agencia Reguladora del sector cuente con información suficiente para evaluar a los concesionarios.
Explicó que un buró público facilitaría la evaluación crediticia por medio del flujo de información en manos del Gobierno, y contendría datos del cumplimiento de pagos de servicios públicos, como agua, luz, créditos Infonavit o Fovissste, a los que tendrían acceso tanto la banca tradicional como las Fintech.
De acuerdo con la Cofece, las opciones de compra de medicinas a mejores precios se ampliarían con una mayor coordinación entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la COFEPRIS, y si se establecen en el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial restricciones al otorgamiento de patentes secundarias, mismas que son proclives a ser utilizadas abusivamente para bloquear la entrada de competidores.
Consideró asimismo que se lograría la entrada de más empresas a los mercados estatales de gasolinas, gas LP y transporte de carga si se emiten de forma expedita las directrices del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria para que los gobiernos estatales y municipales eliminen las restricciones a la competencia prevalecientes en estos ámbitos, lo cual ya se ha estado trabajando en dicho Consejo.
Planteó que los productos llegarían a un menor costo a los centros de consumo si se desarrolla una red articulada del transporte ferroviario, pero para ello es necesario que la Agencia Reguladora tipifique las infracciones a sus obligaciones y establezca sanciones, haga expeditos los procedimientos de determinación de contraprestaciones, otorgamiento o establecimiento de nuevos derechos de paso y/o las bases tarifarias de este servicio.
Y, sobre todo, evalúe de manera transparente el cumplimiento de los compromisos de los concesionarios cuando soliciten ampliaciones sobre el periodo de exclusividad o la vigencia de sus títulos de concesión.
La Cofece señala que para que los costos de la electricidad sean lo más competitivos posibles, se debe garantizar el cumplimiento del marco legal vigente en cuanto al despacho económico de electricidad y el acceso no indebidamente discriminatorio a las redes de trasmisión y distribución, así como asegurar que toda regla en materia de confiabilidad y estabilidad del sistema utilice mecanismos que no comprometan estos principios, conforme las mejores prácticas internacionales.
Y en materia de precios de las combustibles, planteó el otorgamiento expedito y no discriminatorio de permisos para la importación y expendio de gasolina y diésel, alentando la competencia en toda la cadena de valor, mediante la eliminación de diversos requisitos que limitan la expedición de permisos y evitando retrasos en las autorizaciones de la CRE para la operación de estaciones de servicio.
También plantea transparentar el estatus en el que se encuentran esas solicitudes y prorrogar la vigencia de los permisos de importación de un año que están próximos a vencer en tanto la Secretaría de Energía reanuda sus plazos legales para la tramitación (frenados en marzo de este año).
La Cofece propone también obligar al acceso abierto y no discriminatorio a las terminales camioneras, permitir más puntos en los que se ofrezcan estos servicios y volver a concesionar –mediante procesos competidos– las centrales camioneras que están vencidas o próximas a vencer (Central del Norte, 2019 y Querétaro, 2020) con el fin de reducir el precio de los boletos de autotransporte foráneo de pasajeros.
Y en los servicios de autotransporte de pasajeros, puertos y transporte ferroviario, propone al gobierno recuperar los bienes públicos cuyas concesiones están por vencer y otorgar nuevas por medio de licitaciones, para que los ganadores sean aquellos que realmente ofrezcan las mejores condiciones para los usuarios.
Propone asimismo reformar la Ley de Puertos para introducir competencia en estos recintos y establecer sanciones a actos de las APIs que incumplan resoluciones de la COFECE, así como hacer obligatoria la opinión favorable de la Comisión previa a cualquier modificación del contrato de un cesionario, y propone facilitar la regulación tarifaria cuando exista un solo oferente de servicios de maniobra en un puerto.
Fuente: Aristegui Noticias
